Neuquén.- Para lograr la expropiación de la cerámica Zanon el gobierno provincial debió lograr el avenimiento de los acreedores. Esto permitió que la Legislatura provincial tratara y aprobara por mayoría la Ley de expropiación en un monto acordado con el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), con SACMI IMPIANTI SA y con la International Finance Corporation (IFC), por en un monto superior a los 23 millones de pesos ($ 23.406.566,31).
El avenimiento conseguido ya transita por su tercera prórroga y de no iniciarse el expediente en la Subsecretaría de Gobierno que conduce Facundo Gaitán, los acreedores podrían pedir un aumento de los resarcimientos o el remate de la planta.
En las prórrogas, aceptadas por los avenientes, se especifica que en caso que un acuerdo escrito no sea formalmente celebrado entre las sociedades interesadas y la Provincia del Neuquén antes de los plazos establecidos para el pago de la primera cuota de un total de 60, en el caso de SACMI, la propuesta “perderá cualquier valor y efecto”.
Esta situación fue confirmada por el abogado del sindicato ceramista, Mariano Pedrero, quien reconoció el temor existente ante la posibilidad de desistimiento de los acreedores.
“Nuestra preocupación es que el gobierno no termine el trámite”, y agregó que “la situación es peligrosa”.
No obstante, Pedrero explicó que la Ley de expropiación tiene 2 años de plazo para concretarse “y aún no cumplió el primero”, aunque “no podemos descartar que algún acreedor no quiera renovar el contrato de intensión”.
Existen dos pedidos de informes presentados por el entonces bloque Concertación frente para la Victoria, uno fechado el 29 de marzo y otro el 19 de abril, en los que piden a la Ministra de Coordinación de Gabinete, Zulma Reina, que informe sobre el estado de situación administrativa derivada de la Ley 2656, pero no fueron respondidos oficialmente.
El otro peligro que acecha al proceso es el judicial. Según confirmó Pedrero, mientras no se concluya el trámite administrativo sigue en Buenos Aires el juicio de quiebra de la fábrica, cuyo principal acreedor es el Banco Mundial.
El abogado ceramista explicó la urgencia del trámite administrativo, que una vez iniciado y avalados por los expropiados, debe ir al Juzgado en lo Comercial y Civil Nº 18, que es subrogado por la Jueza Gabriela Vázquez (tiene en sus manos el proceso de cerámica Stefani), debido al ascenso del Juez titular Rafael Barreiro.
“Concretado el trámite se cierra la causa y se procede al pago de lo avenido con los expropiados”, explicó Pedrero quién agregó que esto permitirá a FASINPAT, la cooperativa obrera que administra la fábrica, poder tomar créditos para renovación de la maquinaria que ya es casi obsoleta”.
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